El Gobierno de España está a punto de autorizar un proyecto en Retortillo, Salamanca, que tendría un impacto medioambiental gravísimo. Este proyecto consta de una mina de uranio a cielo abierto, de una planta de procesado de mineral de uranio (considerada instalación radiactiva nuclear) y de una planta de almacenamiento de residuos nucleares.
A pocos días de que caduque la autorización previa como instalación radiactiva nuclear para la planta de fabricación de concentrados de uranio, las cinco grandes organizaciones ecologistas españolas -Amigos de la Tierra, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción- han difundido un comunicado conjunto.
En éste piden al Gobierno que detenga ese proyecto nuclear, que supondría que España se convierta «en el único país de Europa con una mina de uranio a cielo abierto». Los ecologistas, han manifestado durante años su oposición a este proyecto y ahora insisten en su reclamación.
Este proyecto, según recuerdan en el comunicado las oenegés, obtuvo en 2013 una declaración de impacto ambiental positiva por parte de la Junta de Castilla y León. “Sin embargo”, explican, “la evaluación de impacto ambiental no analizaba la mayor parte de los graves daños asociados, como tampoco los generados por la producción y almacenamiento de residuos radiactivos sobre el entorno y las personas».
Impacto ambiental hasta en Portugal
Las ONG’s detallan que, sin todos los permisos necesarios, «la empresa ya ha realizado grandes movimientos de tierras y arrancado más de 2.000 encinas, algunas de ellas centenarias».
Ahora nos enfrentamos a la explotación de una mina, el concentrado de uranio y almacenamiento de residuos radioactivos. Sin embargo, lo más grave es que el impacto medio ambiental perdurará a largo plazo, una vez abandonadas las minas tras acabar su explotación.
Los graves impactos ambientales del proyecto recaen sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre los hábitats y especies de interés comunitario. Sobre todo, peligra la posible extinción de la especie de pez endémica sarda salmantina.
Por ello, la Comisión Europea estudia abrir “un expediente de infracción contra España por incumplir la Directiva Marco de Agua y de la Directiva relativa a impactos de proyectos sobre el medio ambiente».
También son muy graves las amenazas que se plantean en Portugal. La proximidad al río Duero de esta mina de uranio a hace «muy probable la contaminación del agua por escorrentía y por el polvo radiactivo que genera la explotación».
Estos datos, denuncian, al salir de nuestra frontera, fueron obviados en el proceso de evaluación del impacto ambiental realizado por la Junta de Castilla y León. El Gobierno de Portugal ha solicitado al Gobierno español más información para iniciar un proceso de consultas.
Impacto económico
Además de “la degradación ambiental irreversible de un paisaje que quedará degradado para siempre, la contaminación y el riesgo radiactivo permanecerán de manera persistente en la zona y deberá ser la administración pública, con dinero de todos los ciudadanos, quien vele durante décadas por esta instalación radiactiva y sus residuos, dejando un legado peligroso y contaminado para las generaciones futuras».
Los ecologistas añaden que llevar a cabo este proyecto es incoherente y totalmente incompatible con el compromiso actual del Gobierno de España. Que consiste en:
- Eliminar progresivamente la participación de la energía nuclear en nuestro mix energético
- Realizar una transición energética
- Conseguir un sistema energético descarbonizado, eficiente, 100% renovable y sin generación eléctrica de origen nuclear.
Piden a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica de España, dirigida por Teresa Ribera, que frenen «este peligroso proyecto que nunca debió pasar las primeras fases de su tramitación”. Explican que la consecuencia sería hipotecar “el futuro de esta zona de incalculable valor ecológico, dejando a la larga un legado contaminado que deberá pagar y afrontar toda la sociedad».